Mientras la oposición insiste en llamar “gasto” a la inversión social, la realidad es otra: más de un billón de pesos destinados al bienestar no son una cifra abstracta, son derechos garantizados para 42.9 millones de personas en todo el país.
Detrás de cada peso invertido hay una historia concreta: niñas y niños que hoy pueden estudiar, personas adultas mayores que ya no están solas, personas con discapacidad que cuentan con un respaldo real, jóvenes que encuentran oportunidades y hogares que recuperan tranquilidad.
La política social dejó de ser asistencialismo para convertirse en un modelo de derechos, donde el acceso a la educación, la salud y un ingreso básico ya no depende de favores ni de intermediarios, sino de una visión de Estado que pone en el centro a la gente.
La inversión en bienestar es también una estrategia de reconstrucción social: fortalece comunidades, reactiva economías locales, reduce brechas históricas y devuelve dignidad a millones de familias que durante décadas fueron excluidas del desarrollo.Hoy el mensaje es claro: el bienestar no es un privilegio, es un derecho, y la transformación avanza porque el presupuesto se orienta a quienes más lo necesitan, no a los intereses de siempre.
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