Durante años, autoridades e instituciones que participan en el sistema financiero mexicano mantienen una meta: que más personas puedan tener acceso a una cuenta en donde guardar su dinero, una tarjeta para hacer pagos o un crédito que les ayude a incrementar su patrimonio, pero el acceso tiene un costo: más de 12 mil comisiones, de acuerdo con información oficial.
La Política Nacional de Inclusión Financiera del actual gobierno tiene un objetivo concreto: fortalecer el bienestar de las personas y empresas en México al fomentar el acceso y uso de productos y servicios financieros formales que satisfagan sus necesidades, bajo una regulación adecuada y esquemas de protección robustos.
Entre los principales propósitos de la actual administración está promover el ahorro formal y a largo plazo, así como el uso de los productos de captación como herramientas de administración de recursos, además de facilitar el acceso al financiamiento formal, especialmente el productivo, en condiciones adecuadas para empresas y personas.
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