Por tercera ocasión se difirió la audiencia inicial del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte
de Ochoa; en esta ocasión por la inasistencia de sus dos defensores a la diligencia en la que la
Fiscalía General de la República (FGR) imputaría el delito de peculado por 5 millones de pesos
en daño a un fondo de apoyo a personas con discapacidad, en el año 2012, ilícito que se
penaliza hasta con 14 años de prisión.
Este lunes en sesión pública en los juzgados de distrito de procesos penales federales en la
Ciudad de México, en el Reclusorio Norte, el Juez de Control Gustavo Aquiles Villaseñor,
aprobó diferir la audiencia para el jueves de esta semana a las 09:15 horas, y planteó que
asignará un abogado de la Defensoría de Oficio si ese día no llegan los defensores del
detenido.
Esta vez el juez fue contundente al plantear que “prevalece la sistemática inasistencia de la
defensa con efectos dilatorios”, “eso se me hace como muy raro ¿no?”, dijo.
Dejó en claro que el jueves asignará a un abogado de oficio para llevar a cabo la audiencia
inicial, la cual se ha venido postergando desde el 22 de enero de este año.
Este lunes, el primero en hacer uso de la palabra fue Javier Duarte, tranquilo y con las manos
entrelazadas, con paciencia expuso que a la sesión no acudieron sus abogados de cabecera,
Pablo Campuzano de la Mora y Gerardo Hope Arteaga, debido a que ambos se encuentran
hospitalizados, por problemas de páncreas e infección real y solicitó postergar la sesión.
De entrada, el exgobernador rechazó ser representado por un abogado de la defensoría pública
y solicitó una semana para asegurar la asistencia de su abogado privado. Argumentó tener
derecho a una defensa adecuada, que además no existe plazo para celebrar la sesión y dijo
que no se trata de actos dilatorios.
Al dar por terminado el encuentro de este lunes, y posponer la sesión para el jueves de esta
semana, la representación del Ministerio Público Federal planteó que la Fiscalía Federal de la
República (FGR) tiene elementos de prueba para imputar el delito de peculado por 5 millones
de pesos de apoyo a un fondo de ayuda para personas con discapacidad en el año 2012,
cuando Duarte fue gobernador de Veracruz.
El nuevo delito que se espera imputar esta semana al ex mandatario, prevé una pena máxima
de 14 años de prisión, informaron representantes del Ministerio Público Federal en entrevista
colectiva, concedida dentro del edificio de Juzgados del Poder Judicial Federal aledaños al
Reclusorio norte.
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